A 32 años del atentado contra la AMIA, el Gobierno nacional analiza recurrir a la Justicia internacional para volver a plantear el reclamo por el ataque de 1994. Una de las alternativas en estudio es una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, contra la República Islámica de Irán, según dejaron trascender fuentes oficiales citadas por medios porteños.

La iniciativa todavía está en evaluación y no hay una decisión formal tomada. El planteo se trabaja en la Casa Rosada junto con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y tomó fuerza en las últimas semanas como una vía para sostener en el plano internacional la posición argentina sobre la responsabilidad del régimen iraní en el atentado.

En ese marco, Mahiques mantuvo una reunión con autoridades de la AMIA para repasar los pasos jurídicos posibles y sondear el alcance de una eventual presentación ante el tribunal internacional. La discusión se da en un contexto político de fuerte alineamiento del gobierno de Javier Milei con Israel y Estados Unidos, dos actores centrales en la agenda regional de seguridad y terrorismo.

La Corte Internacional de Justicia es el máximo tribunal de las Naciones Unidas para dirimir controversias entre Estados. Si la Argentina avanzara por esa vía, debería construir una estrategia jurídica que apunte a demostrar la responsabilidad internacional de Irán en relación con el ataque que destruyó la sede de Pasteur 633 y dejó 85 muertos y centenares de heridos.

La posibilidad de acudir a La Haya se apoya, además, en antecedentes judiciales recientes. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el año pasado la línea investigativa que atribuye a Irán la decisión política y a Hezbollah la ejecución del atentado, un criterio que volvió a reforzarse en resoluciones posteriores de la causa AMIA.

El Gobierno también viene tomando decisiones en sintonía con esa lectura. En marzo declaró al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, una medida que endureció la posición diplomática argentina frente a Teherán y dejó abierto un nuevo frente de tensión bilateral.

A nivel local, la causa AMIA sigue sin condenas firmes a los responsables materiales e intelectuales del ataque, pese a los avances parciales de los últimos años. Por eso, una eventual jugada ante la Justicia internacional buscaría darle una nueva dimensión al reclamo estatal y reactivar, en otro plano, una demanda que atraviesa ya tres décadas y media de frustración judicial.

En el aniversario número 32, el eventual recurso a La Haya aparece como una señal política y jurídica de alto impacto: si prospera, la Argentina volvería a llevar el caso AMIA a un escenario internacional donde el peso diplomático y la prueba acumulada podrían reordenar una discusión histórica que sigue abierta.