El Gobierno nacional resolvió que las entidades financieras comprendidas en la ley de bancos que no hayan sido clasificadas como “empresa grande” dejarán de ser sujetos obligados del Régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs. La decisión, firmada por la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, apunta a evitar que bancos medianos o chicos queden alcanzados por un mecanismo pensado para las operaciones comerciales entre proveedores MiPyME y compañías de gran tamaño.

La medida toma como referencia el esquema de ARCA para definir quiénes integran el universo de “empresas grandes”, una categoría que se actualiza todos los años. Según la resolución, el problema surgió después de que cambios previos en el régimen de comprobantes electrónicos hicieran que más entidades financieras pasaran a estar obligadas a emitir facturas, lo que a su vez las acercaba al régimen de crédito electrónico diseñado por la ley 27.440.

Con la nueva exclusión, esas entidades financieras no deberán emitir Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs por las compras o contrataciones que realicen, salvo que por su nivel de facturación queden encuadradas dentro de las grandes empresas. En la práctica, la decisión limita el alcance del sistema y lo vuelve a enfocar en su objetivo original: financiar a proveedores MiPyME cuando venden a grandes receptores de bienes y servicios.

La resolución entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, pero su aplicación concreta quedará atada al momento en que empiece a ser exigible la emisión de comprobantes electrónicos según el cronograma ya fijado por ARCA. De ese modo, el cambio no altera de inmediato las operatorias de todas las entidades, sino que ordena desde ahora qué bancos quedarán afuera cuando se active esa obligación.

El texto oficial señala además que la exclusión no recorta los derechos de las pequeñas y medianas empresas ni les quita herramientas de financiamiento frente a otros compradores. Para el sector bancario, en cambio, la decisión despeja una carga administrativa que había generado planteos por la dificultad de adaptar sus sistemas a un régimen concebido para la compra y venta de bienes y servicios, no para la intermediación financiera.

En paralelo, el Boletín Oficial también publicó una actualización de asignaciones para fuerzas federales y del Servicio Penitenciario, con aumentos escalonados desde el 1° de octubre, 1° de noviembre y 1° de diciembre de 2026. La medida alcanza al personal de Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal, y actualiza suplementos por destino, zona, recargos y haberes de cadetes y aspirantes.