La provincia de Río Negro oficializó este 1 de octubre una batería de decisiones de alto impacto fiscal y administrativo, encabezadas por la ratificación de convenios de compensación financiera transitoria con 14 municipios y por la creación de un mecanismo específico para que el Estado provincial pueda pagar con tarjeta de crédito corporativa compras digitales y tecnológicas que hoy exigen ese medio de pago. Ambas medidas buscan ordenar la caja pública sin alterar la masa coparticipable de los gobiernos locales y, al mismo tiempo, evitar que la administración quede atada a intermediarios para acceder a servicios clave en la economía digital.

La ley 5896, promulgada por el Poder Ejecutivo, convalida los acuerdos firmados en Viedma el 21 de septiembre con Ingeniero Huergo, Guardia Mitre, Darwin, Ministro Ramos Mexía, General Roca, Comallo, Catriel, San Carlos de Bariloche, Los Menucos, Cervantes, Cipolletti, El Bolsón, Dina Huapi y General Fernández Oro. El esquema prevé transferencias mensuales de un monto base inicial a cada municipio, financiadas con rentas generales de la Provincia y sin detraer ni alterar los recursos de coparticipación primaria ni secundaria.

El objetivo declarado es sostener la prestación de servicios locales y cubrir desequilibrios de liquidez en un contexto de mayores demandas sobre los presupuestos municipales. En los anexos de la norma se detallan los montos de referencia, que se actualizan con una lógica vinculada a la evolución de la recaudación provincial y a indicadores fiscales y demográficos. Para los municipios, esto significa previsibilidad mensual; para la Provincia, un compromiso de asistencia financiera que queda formalizado y refrendado por la Legislatura.

En paralelo, el decreto 912/26 introdujo una novedad de fondo en la administración provincial: la Tesorería General podrá usar una tarjeta de crédito corporativa a nombre de la Provincia, nominada a favor del Tesorero General como usuario autorizado y responsable operativo. La herramienta está pensada para comprar licencias informáticas, software, suscripciones, infraestructura tecnológica y otros servicios digitales cuando el proveedor sólo acepte ese medio de pago o cuando resulte más conveniente para el interés fiscal.

La autorización no habilita financiación ni compras en cuotas. El decreto prohíbe adelantos de efectivo, pagos mínimos, refinanciaciones, transferencias de dinero y cualquier operación que convierta la tarjeta en una fuente de crédito. Cada gasto deberá contar con autorización previa, crédito presupuestario, intervención técnica y documentación respaldatoria, mientras que la Contaduría General deberá reglamentar el circuito de control, conciliación, rendición y registración, incluso para operaciones en moneda extranjera.

La medida también resuelve un problema práctico para el Estado provincial: muchas plataformas globales de software, nube o suscripción no aceptan otra forma de pago que la tarjeta y, además, no encajan en los requisitos clásicos del registro de proveedores ni de domicilio en la provincia. Por eso, el mismo decreto flexibiliza esas exigencias para contrataciones por adhesión electrónica, siempre con intervención técnica previa y con la obligación de acreditar la razonabilidad del precio y la identificación del proveedor en el expediente.

En la misma edición se publicaron otras disposiciones que refuerzan el mapa de decisiones de la gestión provincial. Entre ellas, la actualización del monto diario por refrigerio para agentes del I.Pro.S.S., retroactiva al 1 de agosto, y la rectificación de un decreto de obra pública para ajustar una devolución de fondo de reparo. También se ratificó la renovación del convenio de medicina laboral entre la Secretaría de la Función Pública y Villa Regina, y se aprobó una nueva regla de uso para el Fondo Editorial Rionegrino, con más control, mayor transparencia y un esquema de gestión concentrado en una dirección técnica con mandato de cuatro años.

En ese mismo paquete normativo, el Gobierno avanzó además en la convocatoria a una audiencia pública por el proyecto Argentina LNG, prevista para el 16 de noviembre en Sierra Grande. La cita abre la participación ciudadana sobre los estudios de impacto ambiental del gasoducto, poliducto, complejo industrial y las instalaciones de exportación de GNL que atravesarán Neuquén y la costa rionegrina, en una discusión que puede resultar decisiva para la Patagonia por su escala energética, logística y ambiental.